Rocha Moya: el naufragio de su reputación en medio de las acusaciones de EU.

Rubén Rocha Moya en el centro de la tormenta

La figura del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no deja de ser objeto de atención mediática tras su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde declaró en calidad de testigo. La preocupación radica en las acusaciones formuladas por Estados Unidos sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico, un tema que ha afectado gravemente su imagen entre los ciudadanos.

Impacto negativo en la percepción pública

A pesar de que Rocha Moya ha manifestado en redes sociales su disposición a enfrentar estas acusaciones y confiar en que la verdad prevalecerá, la opinión pública no parece estar de su lado. Una reciente encuesta de Enkoll, en colaboración con W Radio y El País, indica que una vasta mayoría de los mexicanos considera creíbles las investigaciones de las agencias estadounidenses y respalda su extradición para responder a los cargos relacionados con el crimen organizado.

La percepción nacional del escándalo judicial

El estudio demoscópico reveló que el caso ha generado un enorme revuelo en la sociedad mexicana. Según los encuestados, el 55% está al tanto de que las autoridades norteamericanas han señalado a Rocha Moya y a colaboradores cercanos por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, un dato que pone en relieve la gravedad de las acusaciones.

Confianza en las acusaciones de Estados Unidos

Un 62% de los ciudadanos evaluados considera que las acusaciones contra el gobernador son verdaderas, con un 38% de este grupo describiéndolas como «muy creíbles». En contraste, un 28% duda de su validez. Este panorama desbalanceado refleja una clara desconfianza hacia los políticos locales, acentuada por el contexto de corrupción y complicidad que muchos han experimentado en el pasado.

Extradición: opinión favorable de los ciudadanos

Uno de los hallazgos más destacados de la encuesta de Enkoll es el respaldo popular hacia la extradición de Rocha Moya a Estados Unidos, donde el 60% de los mexicanos apoya esta acción. Dicha postura se manifiesta entre quienes se muestran «muy de acuerdo» (25%) y «de acuerdo» (35%), lo que contrasta fuertemente con el 31% que se opone a su traslado. Este respaldo es un claro indicador de un creciente hartazgo social y un deseo de justicia ante la impunidad.

Percepción de colusión con el narcotráfico

El sentimiento de que existe una colusión real entre Rocha Moya y el narcotráfico es una conclusión no menor. Un 45% de los encuestados considera que las acusaciones son evidencia de vínculos concretos con grupos de crimen organizado, mientras que un 36% cree que se trata de una maniobra política de Estados Unidos. Esta percepción resuena con una población escéptica que huye de las justificaciones oficiales que suelen adornar las declaraciones de los políticos.

Apoyo hacia la separación del cargo

La decisión del gobernador de apartarse temporalmente de su puesto ha sido recibida con alivio por una mayoría del 76% de la ciudadanía, quienes ven en este gesto un intento de transparencia. Solo un 19% se opone a esta decisión, lo cual muestra que a pesar del respaldo, no se ha disipado la desconfianza hacia la política local.

Desconfianza hacia las autoridades mexicanas

El escepticismo sobre la acción del Gobierno de México es preocupante, con un neto apenas positivo de solo 1% respecto a la confianza que los ciudadanos tienen en que la FGR realizará una investigación exhaustiva. Un 49% confía en que se llevará a cabo, pero un 48% tiene poca o nula confianza, lo que sugiere que la sombra del cinismo político continúa afectando la credibilidad de las instituciones.

Expectativas de impunidad en el proceso

Por último, las expectativas sobre el desenlace del caso son sombrías. Solo un 24% de los encuestados cree que se castigará a todos los implicados, mientras que un 40% piensa que solo se hará un simulacro de justicia, persiguiendo a algunos para dar la apariencia de respeto a la ley. Un preocupante 31% considera que no habrá ninguna acción, lo que revela una profunda desconfianza en el sistema judicial mexicano.