Alcaldesa que simuló secuestro pide compensación a periodistas: ¿ironía o cinismo?

La alcaldesa de Tenancingo demanda a comunicadores por daño moral

La presidenta municipal de Tenancingo, en el Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, ha decidido emprender acciones legales contra un grupo de comunicadores, exigiendo la nada despreciable suma de 500 mil pesos por concepto de daño moral. La denuncia fue interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia de Metepec, dirigidas contra Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, quienes integran el programa «La madeja política de Tenancingo».

En su demanda, la alcaldesa reclama específicamente el pago de 125 mil pesos a cada uno de los denunciados, argumentando que las publicaciones que ellos realizaron sobre su presunto secuestro han perjudicado gravemente su imagen pública. Pero no solo se queda en una cuestión económica; Nancy Nápoles acusa a los comunicadores de perpetrar actos de violencia digital, hostigamiento y daño psicológico en su contra.

Los periodistas involucrados han sido citados a comparecer ante el Ministerio Público, y se les ha solicitado que acudan acompañados de sus defensores, ya sean públicos o privados. La situación ha encendido las alarmas sobre la libertad de expresión en la región.

Periodistas defienden la libertad de expresión

La agrupación ‘100 periodistas por el Estado de México’ no tardó en alzar la voz, exigiendo a la alcaldesa que no criminalice la libertad de expresión. Los comunicadores, preocupados por el precedente que podría sentar esta demanda, piden la intervención de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, así como del fiscal y el congreso estatal, instándoles a que se resista la criminalización de quienes ejercen la labor periodística en el municipio.

En su declaración, la agrupación también señala que la presidenta municipal ha instado a la ciudadanía a no comentar en redes sociales sobre la gestión de su administración y a no prestar oído a la prensa local. Esto, argumentan, atenta contra el desarrollo democrático y revela una inclinación autoritaria que no debería ser tolerada en la sociedad. Tan solo falta que se le exija a la población que alce la vista al cielo, mientras el gobierno local cierra los ojos a la crítica.

En su comunicado, los periodistas dejan claro que el aparato institucional no debe convertirse en un instrumento para inhibir el ejercicio del periodismo. Claman por un llamado fuerte y claro a las autoridades locales para que se respete la libertad de expresión y se evite la criminalización de quienes simplemente intentan informar.

Por si fuera poco, Nancy Nápoles enfrenta también investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por la presunta simulación de su propio secuestro, un hecho que turba aún más el contexto ya de por sí problemático. ¿Hasta dónde llegarán las tensiones entre la autoridad local y quienes se atreven a cuestionar su gestión? La respuesta parece ser cada vez más inquietante.