Alcaldesa de Salvador Alvarado: ¿servidora pública o extorsionadora de telecomunicaciones?

Denuncia contra la alcaldesa de Salvador Alvarado

Empresas del sector de telecomunicaciones han llevado su queja ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando a la alcaldesa de Salvador Alvarado, Sinaloa, Guadalupe López González, de extorsión y de retirar infraestructura de conectividad. Este escándalo pone en el ojo del huracán a una funcionaria que, con una mano, dice querer fomentar el desarrollo y, con la otra, ahoga a las empresas que podrían ayudar a ese mismo crecimiento.

¿Extorsión legalizada?

Según un reportaje de TV Azteca, la administración de la alcaldesa, alineada con la política de Morena y cercana al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ha tenido el descaro de catalogar el cableado aéreo que las telecomunicaciones colocan sobre los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como meros “trabajos en vía pública”, disparando así un reclamo de pagos nada simbólico. Un movimiento que suena más a extorsión que a regulación legítima.

Multas estratosféricas

La chispa de la controversia se encendió cuando Megacable, Telmex y Totalplay se negaron a pagar cuotas exorbitantes, lo que llevó al municipio a implementar multas que podrían ascender a más de mil 500 millones de pesos. Un verdadero asalto a la razón, que deja claro que la protección de los intereses ciudadanos parece haber quedado en segundo plano.

Instrucciones cuestionables

Un hallazgo aún más inquietante revela que bajo las órdenes de la alcaldesa, varios de sus colaboradores, entre ellos José Ricardo Cruz Rocha, director de Obras Públicas, y Ubaldo Montes Rodríguez, director de Desarrollo Urbano, habrían iniciado el retiro de tramos de la red de telecomunicaciones sin preocuparse por el impacto que esto tendría en la conectividad de cientos de usuarios. Esta parece ser una estrategia burda para ejercer presión sobre las empresas a través del sufrimiento de la población.

Ofertas dudosas

Recientemente, el columnista Jorge Fernández Menéndez reveló que, a través de su asesor Pedro Molineros Urías, la alcaldesa ofreció a las empresas la condonación de entre el 60 y el 70% de las multas, a cambio de “donaciones” jugosas al Ayuntamiento. Un claro ejemplo de cómo algunas administraciones locales han encontrado en la extorsión un nuevo modelo de financiamiento. Lo que parece un “trato” amistoso más que un servicio público legítimo.

Extorsiones en otros municipios

Este no es un caso aislado en el mundo político de Morena. Recordemos el caso de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, arrestado por la FGR y autoridades locales en febrero de 2026 por presunta extorsión. Las autoridades habían identificado prácticas de cobros excesivos y multas ilegales impuestas a empresas del sector tequilero.

Dudas sobre la legalidad

Las investigaciones apuntan a que este exalcalde también tenía nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando así un entramado de corrupción que podría extenderse más allá de su administración. Tal vez el poder político esté tan corrompido que el límite entre gobernar y extorsionar se ha desdibujado por completo.